El concepto Denominación de Origen no es nuevo y acumula ya casi un siglo de historia en nuestro país y casi 50 años en Europa. Nace, además, con el vino. Las denominaciones de origen nacieron para diferenciar a los vinos de reconocido prestigio.
A finales del siglo XIX se empieza a poner en valor por parte de productores y comerciantes que en determinados países y zonas concretas (Francia, en las zonas donde se producía champán y coñac, España en la zona de Jerez y Portugal en la zona de Oporto) se dan unas circunstancias naturales históricas que, ligadas a una determinada forma de hacer por parte de quienes en ellas producen y elaboran un producto concreto de esa zona, permiten que los productos obtenidos en ellas sean reconocidos por su especial calidad, lo que permite además que su valor en el mercado sea superior a los productos de la competencia.
Comienza así a reivindicarse la diferenciación de los productos por su indicación de procedencia, embrión del concepto Denominación de Origen. Diferentes países se dieron cuenta del potencial de la calidad diferenciada que ofrecían determinados productos ligados a un origen y esto dio lugar al primer acuerdo internacional sobre registro internacional de marcas: el Arreglo de Madrid, de 1891, firmado por España, entre otros países, al que han sucedido otros acuerdos internacionales que fueron consolidando el concepto y la protección del mismo, como el Arreglo de Lisboa de 1958, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Ambos siguen vigentes y han sido revisados y actualizados en diferentes ocasiones desde entonces.
Ya en la primera mitad del siglo XX empezaron a surgir denominaciones de origen, primero para vinos, especialmente en los países mediterráneos: Francia, España e Italia, que siguen en la actualidad siendo los grandes países productores de vino.
En España, un primer instrumento de defensa de las producciones locales fue la Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902, que ya definía el concepto de indicación de procedencia, regulaba el proceso de concesión de una marca colectiva y establecía una protección común frente a acciones de competencia desleal. Esta ley fue un paso significativo para la organización posterior de las zonas vitivinícolas de nuestro país bajo la figura de las indicaciones de procedencia.
El paso definitivo se dio con la aprobación del Estatuto del Vino de 1932, convertido en Ley en 1933, que introdujo en la legislación española la figura de la denominación de origen y que incorporó los principios y las obligaciones del arreglo de Madrid en 1891. Este estatuto dio lugar a la aprobación de las primeras denominaciones de origen en nuestro país, entre ellas: Rioja, Jerez, Málaga, Tarragona, Priorato, Alella, Alicante, Valencia, Valdepeñas, Cariñena, Rueda, Ribeiro, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. La elevación del Estatuto a rango de ley, un año después, permitió que sumasen otras, caso de La Mancha, Montilla-Moriles, Toro o Navarra.
El concepto terminó de consolidarse con la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, cuyo título III se ocupaba de la protección de la calidad y puso al día el concepto Denominación de Origen, actualizando su definición y permitiendo que todos los alimentos, y no solo los vinos, pudieran emplear este concepto.
Posteriormente, ya en pleno desarrollo del Estado de las autonomías, se transfirieron a las comunidades autónomas buena parte de las competencias en materia de denominaciones de origen, llegando a contarse hoy 70 denominaciones de origen (entre las 95 denominaciones de origen protegidas de nuestro país), tres de las cuales son supra-autonómicas (Rioja, Cava y Jumilla, cuya zona geográfica se extiende por más de una comunidad autónoma).