La XXX Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) pone el foco en las reformas legislativas de la UE que afectarán a aspectos esenciales del sector del vino en el corto y medio plazo y solicita a las instituciones de la Unión y a las administraciones públicas de nuestro país estabilidad normativa, consideración por el positivo impacto que el sector y las denominaciones de origen tienen en el territorio y atención a las necesidades y demandas de las DDOO de vino.

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, la asociación que representa a las denominaciones de origen de vino, celebró el 11 de noviembre, en Lanzarote, su XXX Asamblea General. La Denominación de Origen Lanzarote fue, en esta ocasión, la anfitriona de la reunión del máximo órgano de gobierno de la organización. Con la presencia de los principales representantes de la gran mayoría de los 54 consejos reguladores que forman parte de CECRV, la Asamblea abordó, como uno de sus puntos centrales, los procesos de reforma de las políticas que regulan a nivel europeo el sistema de indicaciones geográficas, el etiquetado y la promoción de productos agroalimentarios de la UE, incluido el vino. Durante el encuentro, se repasaron los objetivos que plantea la Comisión Europea con estas reformas y se comprobó el desfase entre estos y las necesidades y demandas del sector, identificando los retos que esas reformas suponen para el sector del vino y las principales reivindicaciones de las DDOO ante ellas.

En la sesión, lo primero que quedó de manifiesto es que las denominaciones de origen no necesitan un nuevo reglamento que las regule a nivel europeo, porque ya lo hace el reglamento sobre la Organización Común de Mercados de los productos agrarios -la llamada OCM- que acaba de ser reformado en el marco de la nueva Política Agraria Común y que contiene disposiciones que sí fueron solicitadas y consideradas positivas por las denominaciones de origen y que apenas acaban de entrar en vigor (lo hicieron, en su mayoría, en diciembre de 2022, por lo que no ha dado tiempo a evaluar su resultado). A juicio de las DDOO, esto no haría si no multiplicar normas e interlocutores administrativos a nivel europeo. Por ello, reivindican que este proceso de reforma se traduzca en nuevas mejoras para la OCM, pero no en un nuevo reglamento de base, que solo añadiría complejidad y disfunciones administrativas.

Precisamente, la reciente reforma de la OCM incluye también nuevas disposiciones de etiquetado nutricional y de ingredientes que harán que el sector del vino y sus operadores proporcionen al consumidor información rigurosa y exhaustiva al respecto. Las DDOO de vino y el conjunto del sector consideran incomprensible que disposiciones que aún no han entrado siquiera en vigor (lo harán en diciembre de 2023) y que suponen avances significativos en materia de información facilitada al consumidor puedan ser revisadas por la Comisión Europea en la reforma de la política de etiquetado de productos agroalimentarios que tiene previsto lanzar la Comisión en los próximos meses. Tienen claro que el sector no debe ser objeto de una nueva reforma de etiquetado, habiéndose aprobado hace apenas 11 meses la anterior.

Asimismo, la Asamblea examinó también las posibles opciones a seguir por parte de la Comisión Europea para la política de promoción de productos agroalimentarios de la UE, en la propuesta legislativa que esta tiene previsto presentar para su reforma. Y, ante la tentación de excluir de la misma a algunos sectores, las DDOO dejan claro que, tanto el sector del vino, como las denominaciones de origen como prioridad temática y presupuestaria de la misma, deben seguir siendo parte de esta política, en las mismas condiciones que el resto de los sectores, por su significativa aportación a la economía y a la sostenibilidad de las zonas rurales de la Unión.

La Asamblea sirvió también para seguir reclamando a las administraciones públicas atención y consideración hacia el patrimonio cultural, social, económico y paisajístico que supone el viñedo para las zonas rurales en las que se asienta, ante lo que las denominaciones de origen consideran una amenaza creciente para el sector del vino: la proliferación descontrolada de desproporcionados proyectos de infraestructuras de producción de diferentes fuentes de energía (incluyendo parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas), así como de actuaciones de carácter industrial, en zonas de viñedo y que ponen en riesgo la viabilidad de este cultivo. Así, las denominaciones de origen no están en contra de estos proyectos, pero sí son contrarias a que su implantación tenga lugar en lugares en los que el viñedo representa una importante actividad productiva, por el impacto paisajístico que conllevan en la zona. Por ello, insisten en reclamar un marco regulatorio más ambicioso por parte de las administraciones, que asegure una ordenación del territorio que respete, proteja y priorice sus propios recursos (las denominaciones de origen y su actividad lo son), garantizando así una implantación ordenada de las diferentes actividades sostenibles en el mismo y que garantice su adecuada convivencia.

Por último, la reunión sirvió para presentar a los consejos reguladores miembros de CECRV la metodología y el programa de trabajo que se van a seguir para la ejecución del estudio sobre la sostenibilidad económica y social de las denominaciones de origen de vino, recientemente adjudicado por CECRV a la empresa de planificación, evaluación y consultoría de políticas públicas Ikertalde. Este estudio, que se ejecutará en los próximos 6 meses, dará continuidad al ya realizado sobre la sostenibilidad medioambiental de las DDOO, concluido en el primer semestre de este año. Con ambos se pretende contar con una radiografía real de la sostenibilidad en las denominaciones de origen de vino, delimitar claramente el concepto, para que se pueda medir con precisión el impacto positivo que las DDOO tienen en el territorio, desde el punto de vista medioambiental, social y económico, y determinar líneas estratégicas de actuación a nivel de denominaciones de origen, operadores y administraciones públicas.