La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación que representa a las denominaciones de origen de vino de nuestro país, celebró el 21 de marzo en Madrid su XXXIII Asamblea General. En ella se aprobaron las líneas de acción de la organización en 2024 y se presentó formalmente el estudio de sostenibilidad económica y social de las denominaciones de origen de vino realizado en el marco del Protocolo General de Actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y CECRV y que completa el estudio sobre la sostenibilidad medioambiental de las DDOO de vino que ya se hizo en base al mismo ámbito de colaboración en 2022.  

La XXXIII Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación que representa a las denominaciones de origen de vino de nuestro país, estableció las prioridades de la organización en 2024. Con el foco puesto en las elecciones europeas que tendrán lugar del 6 al 9 de junio y en el próximo mandato de las instituciones de la Unión Europea, el colectivo de las denominaciones de origen de vino va a poner buena parte de sus esfuerzos en promover un entorno regulatorio más favorable para el sector del vino en general y para las DDOO en particular.

Para ello, en las próximas semanas, CECRV va a llevar a cabo una ronda de contactos con los candidatos y las candidatas al Parlamento Europeo de todos los partidos políticos, de forma coordinada con el resto de las organizaciones que forman parte de la European Federation of Origin Wines (EFOW), de la que CECRV forma parte, junto a las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas del resto de grandes países productores europeos (Francia, Italia y Portugal, además de España). Ese contacto tendrá lugar, de forma complementaria, desde diferentes ámbitos territoriales (autonómico, nacional y europeo). La finalidad, hacerles constar a nuestros próximos representantes en las instituciones de la UE las demandas, las preocupaciones, las necesidades y los anhelos de las denominaciones de origen para el próximo mandato.

Asimismo, en el segundo trimestre del año, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas mantendrá también contacto con los grupos parlamentarios a nivel nacional, con el fin de hacerles partícipes de los retos del sector del vino y de las figuras de calidad en la presente legislatura y buscar soluciones y propuestas que permitan reforzar el sector y dotar a las denominaciones de origen de vino de las mejores herramientas para seguir contribuyendo a que viticultores y bodegas aumenten su comercialización y lo hagan con mayor rentabilidad. En línea con ello y conscientes de que uno de los principales problemas que actualmente tiene el sector es la caída del consumo, en la Asamblea General se anunció que CECRV organizará en el mes de mayo un seminario formativo sobre comercialización y ventas para bodegas adscritas a denominaciones de origen de vino.

Por otra parte, CECRV acordó también potenciar la comunicación de la organización, con la vista puesta en lograr una mayor difusión de las principales reivindicaciones, acciones y propuestas de las denominaciones de origen de vino como colectivo. Entre esas acciones, figura el Día del Vino D.O., un evento festivo y reivindicativo que se celebra simultáneamente en diferentes denominaciones de origen de vino y que celebrará su 8ª edición el día 11 de mayo.

Además de aprobar las prioridades de la organización en 2024, la XXXIII Asamblea General de CECRV sirvió para presentar formalmente el estudio de sostenibilidad económica y social de las denominaciones de origen de vino realizado en el marco del Protocolo General de Actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y CECRV y que completa el estudio sobre la sostenibilidad medioambiental de las DDOO de vino que ya se hizo en 2022.

El estudio, ejecutado por la empresa Ikertalde (especializada en estrategia institucional y planificación y evaluación de políticas públicas), se encuentra publicado en la web del Ministerio, y, entre otras cosas, aporta un marco metodológico de medición de impactos: establece los tipos de impactos (estructurados en 10 dimensiones: identidad, arraigo y sentido de pertenencia; preservación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial; desarrollo territorial y fijación demográfica en el medio rural; empleo y oportunidades laborales; tracción económica y efecto spillover; atracción de inversión; bienestar y cohesión social; igualdad e inclusión; salud, alimentación y consumo responsable; y gobernanza multinivel), los indicadores de medición y la forma de medirlos. El estudio determina además líneas de actuación para el avance colectivo en esta materia, a nivel de denominaciones de origen (esta parte del estudio no está publicada, ya que está destinada solo a los consejos reguladores).